Estudio sobre reinserción laboral de privados de libertad: ahorros para el país suman $37,9 millones por cada interno

Investigadores buscan mostrar que el sistema es escalable a nivel nacional. Una inédita investigación hecha por la Corporación Empresa y Sociedad (CES) cuantificó costos y beneficios de este tipo de programas. Los resultados muestran que mientras la inversión en cada persona que se busca rehabilitar tiene un costo de $5,8 millones, el beneficio para la sociedad es seis veces superior. La CChC lleva 10 años desarrollando este tipo de iniciativas y para 2019 triplicó el presupuesto que le destinará para lograr la reinserción de mil personas el próximo año y de 10 mil en total a 2020.

Cuando llegué a la obra y vi cómo era el sistema de trabajo, para qué le cuento las dos primeras semanas. Terminaba molido, muerto, con el cuerpo para la embarrada. En dos días me habré pegado unos 100 martillazos en la mano, aprendiendo. Al segundo día, hablé con el maestro y me preguntó: «¿qué sabes hacer? Le dije «no sé hacer nada, nunca he trabajado, pero tengo ganas de aprender». Me preguntó por qué y le conté que venía de un centro penitenciario. Tuve la suerte que me tocó un maestro buena onda, me dijo: «no te voy a andar diciendo qué tienes que hacer, si tienes una duda me preguntas y te explico, pero tú debes tener las ganas de aprender»».

Así recuerda Juan José Muñoz (32 años) su experiencia en la primera obra de la Constructora Maestra S.A., en la cual comenzó trabajando como ayudante de carpintero, tras salir de un recinto penitenciario, donde cumplió una condena de más de cinco años, hasta que obtuvo su libertad condicional. Hizo un curso de carpintería en obra gruesa en 2016, a través de la Fundación Cimientos, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), organismo que le ayudó en la búsqueda del trabajo en la empresa en la que permanece hace más de dos años.

«Cuando uno tiene un historial de antecedentes y sale al medio libre es muy baja la probabilidad de trabajar, nadie te quiere contratar. En mi caso, lo vi, porque intenté buscar trabajo solo. La única opción era volver a lo mismo. Pero me llamaron de la Cámara y me dijeron «usted fue seleccionado en el curso» y gracias a eso estoy trabajando donde estoy ahora», cuenta. «Ahora puedo disfrutar a mis hijos, cuando me preguntan, puedo decirles en qué trabajo, en la construcción. Antes no sabía qué decirles», agrega.

Juan José Muñoz es una de las cerca de 1.800 personas (hombres y mujeres) que en 10 años ha beneficiado la Fundación Cimientos, a través de su programa de reinserción laboral para personas que estuvieron privadas de libertad, y que cuenta con cofinanciamiento de la CChC y del Sence.

Basado en esta experiencia, la Corporación Empresa y Sociedad (CES), un centro de estudios también vinculado a la CChC, realizó una inédita investigación que buscó indagar y plasmar la eficiencia económica de ejecutar un modelo de reinserción laboral para privados de libertad.

Este Informe Económico Social -desarrollado por el director ejecutivo de la entidad, Nicolás León, y los investigadores Gabriel Cruz y Julián Rodríguez- le «puso números» a los costos de un programa de este tipo, y en paralelo, cuantificó los beneficios para la sociedad de evitar que haya reincidencia en delitos.

¿Qué arrojaron los resultados? El programa, por cada beneficiario -persona que se busca rehabilitar- tiene un costo de $5,8 millones, pero el beneficio social supera dicha cifra con creces, pues la sociedad en su conjunto se «ahorraría» $37,9 millones por cada persona que logra reinsertarse sin delinquir, debido a menores gastos de diverso tipo, tales como patrullaje, gendarmería, lesiones, entre varios (ver infografía y recuadro metodológico). Así, por cada peso invertido en un programa de este tipo, la sociedad recibe un beneficio de seis pesos.

El proceso de este tipo de programas dura aproximadamente un año con cada beneficiario, explica Matías Valdivieso, gerente general de Cimientos. La primera etapa de capacitación puede durar hasta seis meses, e incluye cursos de carpintería, soldadura, yeso y otras actividades ligadas a la construcción. En el intertanto, la fundación busca un trabajo para el interno, el cual en algunos casos coincide con que este ha cumplido su pena, o ha obtenido libertad condicional u otro beneficio, como permiso laboral, que le permite salir del centro penitenciario a trabajar. Cuando el beneficiario empieza a trabajar, se inicia el período de acompañamiento con un terapeuta laboral -para el cual la fundación tiene un equipo de 35 especialistas-, etapa que puede tomar otros seis meses.

Mejorar la normativa y aumentar el financiamiento

Nicolás León detalla que el modelo de reinserción de Cimientos es el que buscan escalar a nivel nacional, por dos razones. «Nos interesa mostrar que es un buen modelo de política pública, emplazar al gobierno a que asuma esto como una oportunidad», explica, pero también mostrarle a otras ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que hay una oportunidad para otros rubros productivos y empresas que pueden también hacer formación. Es decir, escalarlo más allá de la construcción, en sectores como bodegaje, telefonía, gastronomía, mantenimiento, entre muchos más.

Esta temática, coincidentemente, ya está instalada en el Gobierno, pues de hecho la situación de los privados de libertad se está abordando en el marco de la mesa 15, llamada de personas en el sistema penitenciario sin acceso a programas de rehabilitación y capacitación, del programa Compromiso País, que recientemente lanzó el Ministerio de Desarrollo Social. Nicolás León precisa que el estudio no fue pedido por dicha mesa, pero sin duda que les puede aportar datos para que «escale a nivel de política pública».

En la mesa 15 se están abordando, entre otras temáticas, cambios normativos para mejorar la reinserción, añade Matías Valdivieso. Por ejemplo, que los prontuarios de las personas que han delinquido no los persigan una vez que han cumplido su sentencia. «Obviamente, debe ser información que deben tener las policías, Carabineros, etc. Pero desde el punto de vista laboral no puede ser que estemos estigmatizando a esta población que ya ha cumplido con su sanción social y no tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones», estima.

Marcela Corvalán Letelier, jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explica que la mesa se encuentra «generando una política pública de inserción social que reduzca la reincidencia delictiva y que aborde los procesos de integración social de quienes han infringido la ley penal, sobre la base de la colaboración público-privada».

Agrega que «se están estudiando algunas modificaciones legales que permitan facilitar el acceso a la capacitación laboral de las personas condenadas y que facilite la reinserción social de las mismas». También son parte de la discusión, indica Marcela Corvalán Letelier, otras iniciativas legislativas para promover la inclusión laboral de estas personas, «como lo sería la creación de subsidio que incentive la contratación, ya que no podemos olvidar que, por el reproche social, aquellas personas se encuentran en una situación de desventaja a la hora de buscar un empleo formal», afirma. Matías Valdivieso plantea un punto además sobre el financiamiento del programa de Cimientos, pues hoy el aporte del Estado vía Sence se restringe a la capacitación de los internos, pero el periodo posterior, de acompañamiento, lo financia en 100% la CChC.

Marcela Corvalán Letelier coincide con que el acompañamiento es clave y asegura que en general revisarán su financiamiento. «Estimamos necesario revisar las actuales herramientas que existen en la regulación nacional en materia de capacitación. Lo anterior, para efectos de incluir dentro de una actividad de capacitación, el componente de acompañamiento y así sea financiado con cargo a la franquicia tributaria o por medio de programas sociales que administra el Sence», dice.

En 10 años, la CChC ha invertido US$ 4 millones y Sence ha desembolsado otros US$ 2,5 millones, indica Matías Valdivieso.

Como parte de su aporte a Compromiso País, la CChC triplicó el presupuesto de 2019 para este programa con una meta ambiciosa: lograr la reinserción de mil personas y de 10 mil en total a 2020. Solo para la etapa de acompañamiento, el gremio invertirá 38 mil UF (unos US$ 1,5 millones) en 2019 y se estima una cifra similar para capacitación en colaboración con Sence.

En 10 años ya han participado más de 50 empresas

Desde las empresas, la experiencia también ha sido positiva. En el programa ya han participado más de 50 compañías de Santiago y regiones.

Ricardo Jahn, gerente de Alturas del Sur, constructora de Sencorp, cuenta que cuando llegó a la inmobiliaria controlada por la familia Senerman hace dos años, no conocían la fundación, pero que él había trabajado con esta en otra empresa y retomó el contacto con Cimientos. A principios de noviembre un grupo de ocho beneficiarios comenzó a trabajar en obras de Sencorp, cinco en Urbano Ñuñoa y tres en Barrio Parque VII en Estación Central.

Explica que los beneficiarios parten trabajando como jornales en las obras de Sencorp, todos con las mismas condiciones de sueldos, que a su vez son iguales a las del resto de los trabajadores. Luego, dependiendo de sus habilidades, pasan a otras actividades.

Respecto de las aprensiones que pueda haber de las empresas es categórico: «El principal temor es que se vayan a generar problemas al interior de la obra. Uno piensa que los robos van a aumentar, que se van a generar conflictos con las demás personas de la obra. Jamás me ha pasado eso», indica. «Cuando recibí al primer grupo de Cimientos fui a hablar con ellos, porque tenía mucho susto de que el programa fuera a fallar, y les dije: «si uno mete las patas, se van todos». Para que se cuidaran también entre ellos. Siempre hago eso, ir a hablar con ellos, recibirlos, saber qué necesitan», agrega.

«Estamos partiendo con nuevos proyectos y hablé con la fundación porque estoy esperando a poder ofrecerle nuevos cupos», afirma.

Juan Esteban Toro, gerente de la Constructora Avellaneda, cuenta que hoy tienen 10 trabajadores del programa, pero han pasado más de 100 por el proyecto habitacional Nogales de Santa Elena en Colina, obra de la cual constructora Avellaneda es socia y a la vez participa en la construcción. El primer grupo de trabajadores del programa lo recibieron en agosto de 2016.

«Los trabajadores llegan con ciertas nociones de los trabajos de la construcción. Algunos ya han trabajado en el rubro. Se les va haciendo pasar por las diferentes áreas, de manera de orientarlos a encontrar dónde se pueden desarrollar mejor y más contentos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades (…) Algunos, incluso, parten como jornales y terminan al cabo de un corto tiempo como maestros», explica.

Agrega que se han dado cuenta que el aporte es mutuo, tanto para el beneficiario como para la empresa. «Cuando se hacen ayudas, a veces no son aportes muy tangibles. Cuando haces una donación, por ejemplo, la organización no tiene idea de lo que están donando ni por qué. Aquí es una ayuda objetiva, la gente siente y ve que está haciendo algo. Y eso, aparte de ser un aporte para la sociedad, es un aporte para la organización», estima.

«Nos interesa mostrar que es un buen modelo de política pública, emplazar al Gobierno a que asuma esto como una oportunidad».

NICOLÁS LEÓN DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD 

«Desde el punto de vista laboral, no puede ser que estemos estigmatizando a esta población que ya ha cumplido con su sanción social y no tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones».

MATÍAS VALDIVIESO GERENTE GENERAL DE FUNDACIÓN CIMIENTOS 

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